Reformas educativas en Latinoamérica / La hechura jurídica de la reforma educativa en México

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FOTO: EDUCACIÓN FUTURA

Mercedes Ruiz Muñoz – Departamento de Educación. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

De acuerdo a Popkewitz (2009) lo que caracteriza a una reforma educativa es el “cambio” y la incorporación  de ese “cambio” en las mentalidades de los sujetos. Pero,  ¿qué cambios ha propuesto la reforma educativa, vigente desde 2013?

La reforma educativa en México, bajo el supuesto de lograr el derecho a la educación con calidad ha desplegado las tecnologías del poder para regular y ordenar la vida de los docentes. Esta se articula a partir de las modificaciones al artículo 3°, que alude directamente a la educación, y el 73, que otorga facultades al Congreso para regular las condiciones jurídico-laborales de los docentes a nivel nacional; la armonización entre los artículos modificados con la Ley General de Educación y la promulgación de las Leyes Secundarias de la reforma, como la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Estas normas operan como los marcos en los que se promulga y recrea la reforma con los cuales se pretende interpelar a los actores involucrados y a la sociedad en general.

Condiciones de producción

El retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, después de 12 años de alternancia en el gobierno con el Partido Acción Nacional (PAN); el Pacto por México firmado por las tres fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD y el pronunciamiento de la presidencia de recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado mexicano, ante la fuerza del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y su ex lideresa Elba Esther Gordillo son los aspectos que han condicionado la promulgación de esta reforma educativa. Tanto es así que el 1° de diciembre de 2012 en la toma de posesión,  Enrique Peña Nieto señaló: “no habrá plazas vitalicias ni hereditarias en el servicio educativo nacional”, marcando en este caso una clara frontera política con el SNTE.

La firma del Pacto entre los líderes de esta clase de administradores en el marco del retorno del PRI a la presidencia indica la persistencia del arreglo político que mantuvo al PRI en el poder durante 70 años. De acuerdo con Magaloni (2010: 8) ese arreglo consistió en un pacto de colusión entre los dirigentes de ese partido a partir del cual se repartieron los beneficios de controlar el aparato estatal. Al mismo tiempo, el pacto operaba como un mecanismo que le impedía a un miembro en particular ponerse por encima del grupo para acaparar todo el poder.

En el marco de la firma del Pacto por México, el 2 de diciembre de 2012 Peña Nieto planteó algunos retos como la expansión de la cobertura y sobre todo elevarla en calidad. En este sentido, el discurso de la recuperación de la rectoría de la educación le confirió un sentido de legitimidad a la reforma. Así, se planteó la creación del Servicio Profesional de Carrera Docente para ascender en el sistema de enseñanza a través del trabajo y los méritos propios. Esta estrategia estaría acompañada por el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para eliminar las plazas vitalicias y hereditarias e impartir una educación de calidad. El 10 de diciembre de 2012 la Subsecretaría de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, enviaría a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma educativa del Presidente Peña. Dos días después la Cámara de Diputados votaría la iniciativa de la reforma educativa.

El 20 de diciembre en sesión vespertina, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma con 113 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones (Boletín 0767, 2012). El siguiente día, la Cámara de Diputados aceptó la discusión para su votación. Con 360 votos a favor, 51 en contra y 20 abstenciones, se aprobó la reforma educativa en lo particular sin modificaciones. Los días 6 y 7 de febrero de 2013 la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores declararon constitucional la reforma educativa. El 25 de febrero de 2013 el Presidente Peña promulgaría finalmente la reforma educativa en compañía de los integrantes del Pacto por México y el Secretario de Educación Pública de ese entonces, Emilio Chuayffet (Notilegis Nota N°. 1971).

Los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución publicados el 26 de febrero en el Diario Oficial de la Federación reorganizan el servicio profesional de carrera docente, determinando que los ascensos en la carrera se den por méritos propios. Así, la estabilidad de los maestros en el puesto estaría determinada por la evaluación que regula el ingreso, la permanencia y el ascenso en el Sistema Educativo Nacional. Esto se lograría a través del llamado Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), cuya misión consiste en arrojar resultados visibles e instalar la profesionalidad en el ramo educativo.

El 2 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobaría la Ley General del Servicio Profesional Docente con 369 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones, y en lo particular con 375 votos a favor, 73 en contra y una abstención (Notilegis Nota N°. 4064). Mientras que el 3 de septiembre de 2013 la Cámara de Senadores la aprobó con 102 votos a favor y 22 votos en contra (Notilegis Nota N°. 4110). El 11 de septiembre de 2013 fueron publicadas las tres leyes secundarias (Notilegis Nota N°. 4188).

Pese a esta secuencia imparable de promulgación y aprobación de documentos legales, el rechazo de la disidencia magisterial a la reforma educativa ha sido contundente durante ese período. La entonces lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo se había pronunciado en contra, llamando a los maestros a resistir. Este desafío de la maestra sirvió para ilustrar con mayor contundencia el discurso de recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado. El 26 de febrero de 2013, Gordillo fue detenida bajo el cargo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (Notilegis Nota N°. 2005). De esta manera, el Estado sometió a la cúpula del SNTE para alinearla con los objetivos de la reforma educativa. Así, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pasó a encabezar la resistencia contra la reforma educativa. El 8 de mayo de 2013 maestros de la CNTE se instalaron en el zócalo de la Ciudad de México a manera de protesta, marcando el inicio de una resistencia firme e inclaudicable frente a la reforma educativa, que se mantiene vigente luego de tres años, pese a la represión y los intentos del Estado de apagar la llama de la resistencia magisterial.Pacto por mexico reforma educativa

El rechazo a una evaluación que reduce el desempeño a un listado de conocimientos pero que tiene la capacidad de condicionar su permanencia en el cargo, es la frontera política en la que radica la desavenencia entre el magisterio opositor y el gobierno que elaboró la reforma, y que se mantendrá aunque la norma ya se haya instituido. Con esta reforma se pretende ordenar y regular la vida de los maestros y las escuelas, acerca de lo que los profesores deben enseñar y lo que los estudiantes deben aprender en aras a elevar la calidad de la educación. A la vez que se busca desestabilizar la identidad de los docentes y ofrecer un nuevo modelo de identidad centrado en la competitividad y la idoneidad para el trabajo docente. El argumento de recuperar la rectoría de la educación por parte del Estado aunado a los cambios constitucionales opera políticamente para promover ese cambio.

Las directrices de política educativa surgidas de las reformas a los Artículos 3° y 73° y sus leyes reglamentarias aspiran persuasivamente a representar el lenguaje y los intereses de población que, sin embargo, se encuentran muy lejos de ser compatibles con los intereses del Estado. Dicha operación política se intenta resolver en calidad de régimen de verdad. La asociación entre igualdad y certificación de procesos de calidad mediante la evaluación es el eje principal en el que se enmarca la hechura legislativa de la reforma educativa y bajo el cual se aspira a legitimar el sistema que se encargará de velar por la regulación de procesos de calidad en el sistema educativo y el control de los regímenes laborales de los docentes.

A más de tres años de la promulgación de la reforma educativa, los cambios que se han incorporado a la cotidianidad política y social de México, parecen estar más vinculados con la consolidación de un mecanismo estatal de control y regularización como dispositivos de poder y coerción, más que con el aseguramiento de procesos reales de calidad educativa. A esto se ha sumado la institucionalización de la represión y la violencia física, simbólica y mediática hacia los docentes como una estrategia de deslegitimación de los discursos contrahegemónicos de la disidencia magisterial y de los intereses del pueblo que reclaman por una educación más justa y libre. La demanda de nuevas miradas acerca de los procesos educativos, que visibilicen los problemas y los intereses reales de los maestros y estudiantes es un paso ineludible en la consecución de cambios, ya no instalados en la mirada coercitiva del Estado, sino más bien en la mirada de miles y miles de maestros, jóvenes y niños que sueñan con una educación mejor, crítica, libre pensante y sin violencia.

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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS NOTAS RECUPERADAS PARA ESTE ESPACIO, NO NECESARIAMENTE REPRESENTA LA POSTURA DE DOCENTES PRIMERO, PERO CREEMOS QUE ES IMPORTANTE PARA EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN Y EL DEBATE. 

REDACCIÓN: DOCENTES PRIMERO

FUENTE: EDUCACIÓN FUTURA

 

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